La soberanía digital de Europa es desde hace tiempo mucho más que un eslogan político. Las administraciones públicas se enfrentan cada vez más al reto de reducir su dependencia de proveedores de software y nube propietarios, al tiempo que deben cumplir con estrictos requisitos en materia de protección de datos, control de infraestructuras críticas y seguridad de las inversiones a largo plazo.
